El seminario, organizado en Barcelona el 11 de diciembre de 2025 por Casal dels Infants y sus socios en Cataluña, se inauguró con las palabras de bienvenida de la Sra. Rosa Balaguer, Directora General de Casal dels Infants, quien subrayó la importancia de reforzar la coordinación entre los distintos actores con el fin de garantizar una respuesta colectiva y coherente frente a los desafíos relacionados con la movilidad de los menores entre los territorios.
Durante el seminario, Laia Costa, de la Fundación FICAT, presentó los resultados y las recomendaciones del informe «Marco jurídico del sistema de protección de menores y jóvenes migrantes no acompañados y sus vulneraciones en Cataluña», acompañada de cuatro jóvenes migrantes marroquíes y subsaharianos, quienes compartieron sus trayectorias migratorias.
Este informe se ha elaborado en el marco del proyecto RASSIF por la Fundación FICAT, con la colaboración del Comité RASSIF de Barcelona.
Para más información, les invitamos a leer el artículo de prensa que figura a continuación, redactado por el diario Diario de Barcelona – Redacción y ACN, y publicado el 12 de diciembre de 2025 en su sitio web.
A continuación, el artículo de prensa completo:
UN INFORME ALERTA SOBRE PRUEBAS ÓSEAS Y DENTALES “GENERALIZADAS” QUE ATENTAN CONTRA LOS DERECHOS DE LOS MENORES MIGRANTES.
Jóvenes y organizaciones reclaman una mejor coordinación entre territorios para garantizar la protección de los migrantes no acompañados con pasaporte válido en Cataluña.
Un informe presentado este jueves 11 de diciembre de 2025 en Barcelona, durante la jornada «Infancia, migración y soledad: triple vulnerabilidad, mayor protección», alerta de que la DGPPIA (anteriormente conocida como DGAIA) continúa aplicando de forma «generalizada» pruebas óseas y exámenes dentales a menores migrantes, incluso cuando estos disponen de un pasaporte válido y no existe ninguna resolución judicial que cuestione la autenticidad de dicho documento.
Jóvenes migrantes y varias organizaciones catalanas denunciaron la falta de coordinación transnacional para garantizar una protección real de los menores recién llegados y reclamaron mecanismos de seguimiento compartido, así como un trabajo en red entre comunidades autónomas y países de origen y de tránsito. Según señalan, la ausencia de esta coordinación condena a numerosos jóvenes a la exclusión al alcanzar la mayoría de edad.
Bajo el título «Marco jurídico del sistema de protección de los menores no acompañados y sus vulneraciones en Cataluña», el documento ofrece una radiografía exhaustiva de las principales violaciones de derechos que sufren niños, niñas y jóvenes migrantes sin referentes familiares, con el objetivo de servir como herramienta para que las administraciones y las entidades mejoren los procesos de acompañamiento.
El estudio revela que el uso generalizado de pruebas de determinación de la edad por parte de la DGPPIA vulnera las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y numerosas resoluciones del Defensor del Pueblo (Síndic de Greuges). Asimismo, denuncia que en muchos casos estos resultados se utilizan para cerrar expedientes de protección u ordenar salidas de centros, incluso en contra de decisiones judiciales.
Además, el informe subraya que el plazo máximo de tres meses, fijado por la reforma del Reglamento de Extranjería de 2021 para tramitar la autorización de residencia y trabajo de los menores tutelados, no se cumple de manera sistemática. Esta situación provoca que numerosos jóvenes abandonen los centros sin documentación y acaben en situación administrativa irregular.
En relación con los programas de vivienda y las prestaciones dirigidas a jóvenes que salen del sistema de protección, el texto constata que su cobertura es muy limitada, que los trámites se prolongan durante meses, que no hay suficientes profesionales para garantizar un acompañamiento socioeducativo adecuado y que persiste el problema del acceso a la vivienda. El informe también señala que muchos de estos jóvenes sufren una exclusión residencial agravada, derivada de prácticas de discriminación racial en el mercado inmobiliario y de la falta de medidas proactivas por parte de la administración.
El documento pone igualmente el foco en la ausencia de medidas que incorporen una perspectiva de género, lo que invisibiliza a las niñas migrantes no acompañadas y las expone a mayores situaciones de violencia y vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres.
Recomendaciones a las instituciones y a los actores implicados
El informe formula una serie de recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas y a la sociedad civil:
Que el interés superior del menor sea el verdadero principio rector del sistema.
Que la perspectiva de género se integre de manera obligatoria.
Que se garantice la participación activa de los jóvenes.
Que se creen mecanismos transnacionales de coordinación con los países de origen, tránsito y destino.
Asimismo, insta a la Fiscalía de Menores a dejar de aplicar pruebas óseas y dentales cuando exista un pasaporte válido y a sustituirlas por evaluaciones holísticas. También exige que las Oficinas de Extranjería respeten estrictamente el plazo de tres meses para la tramitación de la residencia y la autorización de trabajo.
Por su parte, se invita al Gobierno a impedir el cierre de expedientes o las salidas de centros cuando la documentación sea válida, a ampliar de forma urgente los programas de vivienda y de ingresos para jóvenes que salen del sistema de protección, a crear servicios especializados en salud mental y adicciones y a combatir de manera decidida la discriminación racial en el acceso a la vivienda.
Según el informe, los municipios deben también detectar y atender las vulneraciones que afectan a jóvenes fuera del sistema de protección, garantizar la inscripción en el padrón municipal y facilitar vías seguras de denuncia.
En cuanto a las entidades sociales, el documento subraya la necesidad de garantizar que ningún menor o joven que abandone el sistema de protección lo haga sin documentación en regla, así como de acompañarlos en los recursos judiciales. También recuerda al tercer sector su responsabilidad de denunciar las vulneraciones, reforzar la formación de los profesionales y profundizar el trabajo en red a nivel transnacional.
Finalmente, el informe hace un llamamiento a la sociedad civil para que vele por los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y denuncie cualquier irregularidad.
Las siete organizaciones autoras —Casal dels Infants, Fundació FICAT, La Xixa, Fundació Idea, Fundació Putxet, Punt de Referència y Cepaim— advierten de que, sin la aplicación inmediata de estas medidas, la protección de estos jóvenes seguirá siendo «letra muerta».
La jornada se enmarca en el proyecto RASSIF, liderado por Casal dels Infants junto a una red de asociaciones en Cataluña y Marruecos, con el objetivo de reforzar la protección transnacional de los derechos de la infancia y la juventud migrante no acompañada.